restauración conservación del patrimonio

Salvado un puente del industrialismo

La obra estaba en el municipio de Villaobispo de Otero, e iba a ser demolida durante la remodelación de la llamada Carretera de Pandorado.

Según informó el Diario de León, la Comisión de Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y León aprobó por unanimidad, con los votos del PSOE y del PP, una Proposición No de Ley (PNL) socialista que reclamaba que el puente metálico de Sopeña, en la provincia de León.

Esta iniciativa obligará a la Junta a modificar el proyecto de mejora del vial, que contemplaba el derribo de aquél, y a elaborar estudios que permitan la reparación y mantenimiento del paso peatonal, respetando su estructura como prototipo de puente singular del siglo pasado.

La PNL fue presentada por los procuradores socialistas Victorina Alonso y Antonio Losa, y defendida por la primera, que argumentó que el puente «fue proyectado por el ingeniero Ángel Joaquín Abreu en diciembre de 1910 como una copia exacta del de La Bañeza». El paso, formado por un sólo tramo y ubicado sobre el río Tuerto, fue abierto al tráfico el 3 de noviembre de 1919.

Valor patrimonial

Alonso destacó el valor patrimonial que, a su juicio, tiene la obra, como prototipo de la ingeniería civil industrialista de principios del siglo XX.

El PSOE destacó «la importancia del puente como bien cultural y seña de identidad de La Cepeda». La parlamentaria autonómica indicó que «los puentes de Castrocalbón y de La Bañeza son de similares características, y uno de ellos incluso está propuesto para ser declarado Bien de Interés Cultural».

Alonso destacó, además, el hecho de que la conservación de la obra fue reclamada por entidades como el Instituto Cepedano de Cultura o la Asociación Cultural Rey Ordoño I, así como por intelectuales vinculados a la comarca y vecinos de ésta.

Por su parte, el alcalde de Villaobispo, Joaquín Llamas, también del PSOE, expresó su confianza en que este cambio aprobado ayer permita garantizar el mantenimiento del puente y el cumplimiento de los plazos de adjudicación y ejecución de la obra de la carretera, así como la asunción por parte de la Junta de los costes adicionales que la medida pueda suponer.

 

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